SANTO DOMINGO – En un consenso histórico, los presidentes Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía han alcanzado un acuerdo que busca transformar la política migratoria y laboral del país. Una de las 151 propuestas destacadas del «Diálogo sobre la crisis haitiana» es la identificación y formalización laboral de los trabajadores inmigrantes, respetando siempre las leyes nacionales, especialmente la de Migración. El objetivo principal es reducir la informalidad laboral, que se ha identificado como un factor clave en la irregularidad migratoria.
Para lograrlo, el informe final entregado a los mandatarios propone revisar y adecuar la normativa vigente para corregir «contradicciones y rigideces». Se planea ajustar el artículo 135 del Código de Trabajo, que obliga a que el 80% de la fuerza laboral sea dominicana, una regla conocida como 80-20. Además, se propone modificar el artículo 145 para permitir excepciones temporales en sectores de alta dependencia de mano de obra, como el agropecuario y la construcción. Estas excepciones estarán sujetas a condiciones estrictas y previa consulta con los sectores productivos y sociales.
La propuesta no solo se enfoca en la formalización, sino también en el control y la sanción. Se establecerá un régimen de sanciones para los empleadores que contraten migrantes de manera irregular, incentivando así la formalización. Para asegurar la aplicación de estas medidas, el Ministerio de Trabajo será fortalecido con más inspectores y la incorporación de tecnologías de última generación para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y migratorias. Además, se creará un Observatorio Nacional de Migración Laboral para diseñar e implementar políticas más efectivas.
Adicionalmente, el acuerdo contempla estrategias para motivar a la población dominicana a integrarse en estos sectores. Se creará un sistema nacional de información sobre la oferta y demanda laboral, y se lanzarán campañas de orientación y formación profesional. También se evalúa la implementación de un programa nacional de mecanización agropecuaria con asistencia técnica y financiamiento, para reducir la dependencia de la mano de obra extranjera y modernizar el sector. Estas medidas buscan un equilibrio entre la necesidad de mano de obra y la protección del empleo dominicano.
