SANTO DOMINGO, República Dominicana — El Estado dominicano, en conjunto con las empresas distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, ha presentado una querella penal exigiendo una indemnización de RD$50,000 millones. La demanda se dirige contra exfuncionarios y empresarios acusados de operar un esquema de corrupción en el sector eléctrico, mediante la firma de contratos fraudulentos y sobrevalorados.
La acción judicial, depositada ante el Ministerio Público, acusa a individuos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y a un grupo de empresarios de haber perjudicado al erario público. Entre los principales señalados se encuentran Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez, Julio César Correa, junto con los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, entre otros.
Detalles del Esquema y Petición de la Demanda
Según la querella, el entramado funcionó entre 2012 y 2020. Los acusados, en complicidad con funcionarios, habrían favorecido a más de veinte empresas a través de procesos amañados que violaban la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Esto causó pérdidas millonarias que debían destinarse a la compra de equipos, la expansión de redes y la mejora del servicio eléctrico.
El documento, presentado el 14 de junio de 2021 y elaborado por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, pide:
- La admisión formal de la querella y el inicio de una investigación.
- La imposición de medidas de coerción, como prisiones preventivas y embargos.
- La anulación de los contratos fraudulentos.
- Una demanda civil por RD$50,000 millones en concepto de daños y perjuicios.
Impacto Económico y Consecuencias Sociales
El esquema de corrupción, además del daño financiero, ha tenido graves consecuencias:
- Proyectos de infraestructura quedaron inconclusos o no se ejecutaron.
- Aumentó la dependencia del subsidio eléctrico, afectando el presupuesto nacional.
- Comunidades enteras se quedaron sin acceso a obras prometidas.
- Hubo un profundo deterioro de la confianza pública en las instituciones del sector eléctrico.
Esta acción legal busca no solo recuperar los fondos desviados, sino también restaurar la integridad del sistema eléctrico nacional.
