Santo Domingo.- Participación Ciudadana ha manifestado su profunda preocupación por la crisis del sector eléctrico nacional, que desde agosto ha provocado apagones de hasta 12 horas diarias, afectando a familias y causando grandes pérdidas en la economía popular. A pesar de que el gobierno ha invertido más de RD$2,000 millones en subestaciones y prometido una solución para finales de 2025, la situación refleja un deterioro estructural persistente.
Un problema estructural con causas profundas
Según la organización, el problema no es solo técnico o financiero. Las pérdidas de energía, que se incrementaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025, evidencian que cerca de RD38decadaRD100 invertidos se pierden por fraude y conexiones ilegales. Esto se debe, en gran parte, a las más de 650,000 conexiones ilegales registradas en agosto de 2025, que representan una de las principales fuentes de pérdidas.
Además, la organización ha denunciado la existencia de mafias, conformadas por funcionarios, familiares de políticos y empresas vinculadas, responsables del saqueo de miles de millones de pesos y dólares. Estas redes son responsables de los prolongados apagones y las cuantiosas pérdidas económicas que sufre el país.
Impacto económico y advertencias sobre la corrupción
Entre enero y mayo de 2025, las distribuidoras de electricidad (EDES) registraron pérdidas del 41.7% del suministro. Participación Ciudadana advirtió que el reciente Decreto 517-25, que declara la emergencia en el sector, debe ser aplicado con estrictos controles institucionales, ya que en el pasado, este tipo de estados de excepción han sido utilizados para la corrupción y el despilfarro.
A pesar de que el gobierno destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico entre enero y agosto de 2025 (equivalente al 60% de los subsidios estatales), la situación no ha mejorado.
Demandas y propuestas de solución
Para enfrentar la crisis, la organización presentó un conjunto de medidas urgentes, las cuales incluyen:
- Transparentar las EDES: Publicar informes mensuales de ejecución, indicadores y estados financieros.
- Despolitizar el sector eléctrico: Evitar el uso político y el tráfico de influencias.
- Auditorías independientes: Revisar contratos de compra de energía, la gestión de pérdidas y las inversiones.
- Revisión de subsidios: Priorizar esquemas focalizados, como el Bono Luz, para hogares vulnerables.
- Plan de reducción de pérdidas: Establecer metas verificables con monitoreo multisectorial.
- Lucha contra el fraude: Implementar campañas de regularización, sanciones efectivas y acciones judiciales contra los responsables.
Participación Ciudadana reafirmó su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad.
